Las donaciones en México normalmente son una acción de desprendimiento del que más tiene y a favor del que menos posee. En términos generales las regula el Servicio de Administración Tributaria; es esa instancia la que provee de legalidad a los donantes y a los donatarios. Las personas morales deben dar cuenta de las donaciones realizadas o recibidas en sus respectivas declaraciones de impuestos. Las personas físicas también, cuando excedan cierta cantidad de dinero.

En el Código Civil se asienta que cualquier donación en bienes mayor a cinco mil pesos debe escriturarse. Entre esposos hay donaciones que están exentas de impuestos, aquellas que no excedan los 500 mil pesos; pero las que sobrepasen esa cantidad deben, por formalidad y para cuadrar los números en una declaración fiscal, notificarse a la hacienda pública en el País.

Pero el tema de las donaciones se ha utilizado en nuestro país como una herramienta o estrategia fiscal para dejar de cumplir con las responsabilidades impositivas o hacerlo en una menor cantidad. También suelen utilizarse las donaciones por las organizaciones criminales, para lavar dinero, para erigir organizaciones fachada e incluso para pagar reclutamiento. Por eso, por la manera tan oscura en que las donaciones se manejan en nuestro país, la supervisión, regulación e investigación sobre las donaciones fue incluida en la Ley Contra Lavado de Dinero (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) que entrará en vigor en julio de este 2013.

Aquellas donaciones que superen los 103 mil pesos (aproximadamente y considerando el salario mínimo vigente por zonas) serán sujeto de investigación a partir de la ejecución de la ley anti lavado.

Fue necesario que se incluyera un apartado en la Ley Anti Lavado sobre las donaciones para quitar el sospechosismo que suele rodear estas transacciones. De hecho hay donaciones que ni siquiera se debían notificar.

Los gobiernos suelen donar bienes y artículos a organizaciones no gubernamentales. El SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) suele realizar donaciones sobre los bienes o artículos que son decomisados en operativos contra criminales o narcotraficantes. Muchas de las casas de seguridad que fueron aseguradas en la persecución a miembros de los cárteles, hoy son oficinas, escuelas, centros de atención de organizaciones no gubernamentales.

Las donaciones pues, serán sujeto de investigación… serán. No lo fueron, al menos no con la rigurosidad con que serán abordadas a partir de julio de 2013. Algo que, pues, resultó muy conveniente para el Presidente Enrique Peña Nieto, quien protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.

Hace una semana, Enrique Peña “transparentó” su patrimonio. Las comillas no son de gratis. La realidad es que la declaración patrimonial del Presidente es todo menos transparente. Oculta deliberadamente información, niega sumas económicas, esconde montos, y protege donadores. En suma: en transparencia, honestidad, claridad, respeto y legalidad, Peña nos sale debiendo, y mucho.

No sabemos a cuánto asciende la fortuna del Presidente mexicano, por tanto no sabremos al final de su sexenio si se enriqueció con el poder. Tampoco sabemos quiénes fueron las almas caritativas, familiares, conocidos, o entidades que le donaron –mientras fue Gobernador del Estado de México– cinco de sus propiedades (63 mil 830 metros cuadrados en total), ni mucho menos a cuánto asciende el valor comercial, catastral de tales propiedades.

Desconocemos los mexicanos cuáles obras de arte, cuáles relojes y cuáles joyas le fueron donadas al hoy Presidente de la República, también durante el periodo en el que fue Gobernador del Estado de México, ni los motivos de las donaciones. Suponemos por la fecha de fallecimiento de su primera esposa Mónica Petrelini en enero de 2007, que la herencia que recibió el Presidente en mayo de ese año tiene ese origen, pero ni eso aclaró la Presidencia de la República.

Que más del cincuenta por ciento de los bienes de Enrique Peña Nieto provengan de donaciones obtenidas cuando fue mandatario estatal, no le abona a la transparencia que el Presidente quiso demostrar al hacer pública su declaración de bienes. Que no hable de ello, que su secretario de finanzas no aclare las donaciones, que su vocero minimice el tema, y que quienes han tenido la oportunidad no le pregunten el origen de esas acciones, es tan perjudicial para la transparencia como para el ejercicio de un gobierno.

Mientras mexicanos necesitados y organizaciones no gubernamentales que prestan servicios de atención y apoyo solidario a los primeros, deben pasar por un viacrucis para darse de alta como donatarios o donadores, y esperar meses para que la autoridad libere los montos o producto de tales dádivas, el Presidente la tuvo muy fácil: recibió terrenos, casas, obras de arte, joyas y relojes, y su palabra nos debe bastar a todos para eliminar cualquier sospecha de obsequio, transacción, trueque o regalo de dudosa procedencia.

Sólo esperemos que a partir de julio cuando entre en vigor la Ley Contra Lavado de Dinero, no vayan a molestar al señor Presidente, o que traten a todos, todos, todos, con el mismo racero. También esperemos que al finalizar su sexenio no salga con más dádivas de desconocida procedencia, misterioso monto y anónimos donadores. O que Enrique Peña Nieto recule y le diga a los mexicanos que votaron por él, de dónde y a cuánto asciende su patrimonio y el de su esposa, la primera dama de este país, su cónyuge. Ese sería un acto de verdadera transparencia que le abonaría a la administración pública y a la honestidad del Ejecutivo de la Nación. Después de todo, él, con su aparato de seguridad y el de su familia, no son secuestrables (argumento éste dado por quienes en la función pública niegan dar a conocer su fortuna).

En fin, ya viene la aplicación de la Ley Contra Lavado de Dinero, y en ella, un apartado para donaciones.

Adela Navarro Bello

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